El Anteproyecto de Ley de Administración Abierta: más transparencia, participación e integridad en el sector público.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aprobó a principios de mes el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta. Esta iniciativa, alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea, la OCDE y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), tiene como objetivo fortalecer la calidad democrática en España y responder a la creciente demanda ciudadana de transparencia, participación e integridad en el sector público.
El texto, aún en fase de anteproyecto, introduce novedades destacadas en tres grandes ámbitos: transparencia, participación ciudadana e integridad pública.
En materia de transparencia, se amplían las obligaciones de publicidad activa. Las agendas institucionales y los viajes oficiales deberán publicarse hasta el nivel de subdirección general, y se hará pública la información sobre el número y las retribuciones del personal eventual, así como los salarios de los máximos responsables de gabinetes y directivos públicos. Por primera vez, se establece además un régimen sancionador para los altos cargos de la Administración General del Estado, conforme al IV Plan de Gobierno Abierto, otorgando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la capacidad de imponer multas coercitivas de entre 600 y 1.000 euros.
En el ámbito de la participación ciudadana, el anteproyecto introduce dos herramientas innovadoras: las auditorías ciudadanas, que permitirán la participación directa de la ciudadanía en la supervisión de la gestión pública junto a la Intervención General del Estado, y los pactos de integridad, que deberán firmar los licitadores como requisito para participar en contrataciones públicas, además de tener que aceptar la monitorización del proceso mediante auditorías ciudadanas.
Por último, en el bloque de integridad y conflictos de intereses, se incorpora por primera vez una definición general de conflicto de intereses aplicable a todo el personal público. También se amplía el régimen de detección, prevención y sanción de estos conflictos a quienes desempeñan funciones de confianza o asesoramiento, y se establece la formación obligatoria en integridad pública para altos cargos, personal eventual y empleados públicos.
El anteproyecto ha iniciado ya su tramitación ordinaria, durante la cual será sometido a los informes preceptivos de los órganos consultivos competentes y a un proceso de Audiencia e Información Pública. Una vez superadas estas fases, el texto regresará al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y su posterior remisión a las Cortes Generales.
La audiencia pública, dirigida a recabar aportaciones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados, estará disponible hasta las 24:00 horas del 17 de noviembre de 2025.
Para obtener más información o participar en el proceso, puede acceder al siguiente enlace:
Portal MTDFP | Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley de Administración Abierta
Para más información sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta: