La UE refuerza la transparencia de la IA y activa sus herramientas de control y sanción.
Desde el 2 de agosto de 2026, la Oficina de IA de la Comisión Europea, junto con las autoridades nacionales competentes, ha comenzado a hacer cumplir la Ley de Inteligencia Artificial (IA). En la misma fecha han entrado en vigor nuevas normas de transparencia que obligan a determinados sistemas de IA a informar a los usuarios cuando están interactuando con IA o cuando un contenido ha sido generado o alterado por ella.
¿Quién vigila el cumplimiento de la Ley de IA?
La aplicación de la Ley de IA se reparte entre tres actores. La Oficina de IA de la Unión Europea es responsable de vigilar a los proveedores de modelos de IA de uso general (GPAI), incluidos los modelos más avanzados que puedan suponer riesgos sistémicos. También hace seguimiento de los sistemas de IA desarrollados por el mismo proveedor del modelo GPAI subyacente. Y, por último, vigila los sistemas de IA integrados en plataformas o motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño designados conforme a la Ley de Servicios Digitales. Las autoridades nacionales competentes se encargan del resto de sistemas de IA, mientras que el Supervisor Europeo de Protección de Datos vigila los sistemas de IA utilizados por las instituciones de la UE.
Nuevas obligaciones de transparencia
A partir del 2 de agosto de 2026:
Los chatbots y otros sistemas interactivos de IA deberán advertir a los usuarios de que están tratando con una máquina y no con una persona.
Los deepfakes como, por ejemplo: imágenes, vídeos o audios editados o generados con IA, tendrán que etiquetarse como tales, y el contenido generado o alterado por IA deberá llevar además marcas legibles por máquina que faciliten su detección automática.
Estas obligaciones se concretan en el Código de Buenas Prácticas sobre transparencia de los contenidos generados por IA, al que ya se han adherido más de 180 organizaciones.
Vías para comunicar posibles incumplimientos
La Oficina de IA de la Unión Europea ha puesto en marcha varias herramientas de seguimiento y control a disposición de particulares y empresas. La herramienta de reclamaciones de la Ley de IA permite a personas físicas y jurídicas presentar denuncias por presuntas infracciones cometidas por proveedores de sistemas de IA supervisados por la Oficina de IA.
Todas las reclamaciones deben encuadrarse dentro del ámbito del artículo 85 de la Ley de IA. Por tanto, esta vía no debe emplearse para:
infracciones que queden fuera del ámbito de la Ley de IA;
infracciones de otras normas de la UE o de normativa nacional;
infracciones de los artículos 53 a 55 de la Ley de IA (para estos casos existe un canal específico dirigido a proveedores intermedios que integran modelos de IA de uso general de otro proveedor);
los supuestos recogidos en el artículo 89(2) de la Ley de IA.
Calendario de aplicación progresiva
Las disposiciones de la Ley de IA se aplican de forma escalonada, y lo mismo ocurre con las facultades de ejecución. Desde el 2 de agosto de 2026 son exigibles las prohibiciones sobre prácticas de IA consideradas inaceptables por el riesgo que suponen para los valores europeos y los derechos fundamentales, las obligaciones de los proveedores de modelos GPAI y las nuevas normas de transparencia para determinados sistemas de IA.
El resto del calendario incluye: las prohibiciones relativas a la generación o manipulación de material íntimo no consentido y de material de abuso sexual infantil, que serán aplicables a partir del 2 de diciembre de 2026; las normas para los sistemas de IA de alto riesgo recogidos en el anexo III, aplicables desde el 2 de diciembre de 2027; y las normas para los sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados, aplicables desde el 2 de agosto de 2028.
En resumen, el 2 de agosto marca un cambio de fase en la aplicación de la Ley de IA: de la entrada en vigor de las obligaciones se pasa a su exigibilidad efectiva, con un reparto claro de competencias entre la Oficina de IA, las autoridades nacionales y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, con poderes de investigación y sanción concretos que permiten a ciudadanos, empresas y organizaciones contribuir a que estas reglas se cumplan.